Año tras año nos reunimos en esta plaza el Día del Trabajador con la finalidad de celebrar un Primero de Mayo alternativo al convocado por los sindicatos. Esos sindicatos vendidos al poder, comprados a base de subvenciones y cómplices de un sistema que pisotea a los trabajadores españoles.
El 1 de Mayo es una fecha, que aunque históricamente la izquierda ha tomado como propia, es un día de reivindicación, lucha y conmemoración de las conquistas sociales y laborales de los trabajadores a lo largo de la historia, independientemente de su signo político.
Es más, estos mismos sindicatos que se atribuyen la propiedad de este día en realidad son lacayos de los intereses del poder y servidores de los que pisotean nuestros derechos. Aunque en su ignorancia, es probable que ni siquiera lo sepan.
Existe una diferencia esencial entre la convocatoria del Centro Social y Nacional de Salamanca, y los “otros” unos de mayo.
Nosotros, como patriotas, alzamos la bandera que representa y une a todos los españoles: la rojigualda.
Ellos, la aborrecen, buscan la destrucción de España y apoyan a los que pretenden trocearla.
La bandera, no es un simple trozo de tela. Representa, a España, la Patria, que es la herramienta que tenemos los trabajadores para hacer frente a los intereses de ese capitalismo global que pretende destruirla y que busca diluir las naciones como azucarillos en un maremágnum de organizaciones e intereses supranacionales.
Quienes digan defender a los trabajadores y luchar contra el capitalismo pero renieguen de las fronteras e identidades nacionales, defiendan la inmigración y el libre comercio sin restricciones, no defienden a los trabajadores ni luchan contra el capitalismo: hacen el juego al
capitalismo y paralizan la lucha de los trabajadores, dificultando que estos reconozcan las causas de su creciente sufrimiento y las correspondientes soluciones.
Únicamente desde el patriotismo pueden defenderse de verdad los derechos de los trabajadores, y es que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener Patria.
Actualmente, España, se ha convertido en una nación totalmente carente de soberanía, bueno, mejor dicho la HAN CONVERTIDO en una nación esclava de los poderosos, tras un continuo proceso de desmantelamiento de toda la industria, agricultura y ganadería, que comenzó hace varias décadas y llega hasta nuestros días.
En los años 80, el “socialista” Felipe González, dio el pistoletazo de salida a la privatización de las grandes empresas estatales, especialmente del sector energético, y a la reconversión de grandes industrias, que supuso el principio del fin de las grandes factorías siderúrgicas, mineras o de construcción naval, entre otras muchas.
Las consecuencias las pagamos ahora: La destrucción del tejido productivo que llevamos sufriendo desde hace tiempo, acelerándose aún más en los últimos años, nos ha llevado a tales niveles de inexistencia productiva que dependemos absolutamente para todo de terceros países como China, desde la fabricación de un producto de tela con dos gomas como es una mascarilla, hasta el control de los tiempos de producción de las pocas fábricas que nos quedan, paralizando la cadena de suministro de materiales cuando lo consideran, obligando así a tener que parar la producción.
La electricidad, en manos de grandes empresas pertenecientes muchas veces a capitales extranjeros, se convierte en un bien con el que especular y empobrecer la economía doméstica de los españoles.
Frente a esta dependencia energética, los sucesivos gobiernos en vez de plantear medidas para lograr que España sea autosuficiente, proponen planes para eliminar todas las centrales nucleares, a pesar de estar demostrado que es una fuente de energía eficiente y segura.
Eso sí, luego se importa electricidad de Francia o Marruecos producida mediante energía nuclear.
Por suerte, frente a la subida imparable de la luz, el Gobierno, siempre pensando en los españoles, propone medidas tan eficaces como poner la lavadora o planchar a las 5 de la mañana.
Esta carencia de soberanía nacional, volvió a quedar patente hace unas semanas cuando traicioneramente, el presidente del Gobierno se bajaba los pantalones ante Mohamed VI, reconociendo la propiedad de Marruecos sobre el Sáhara. Como siempre, las decisiones de una panda de ineptos que ni siquiera representan el sentir del pueblo español, las acabaremos pagando todos en forma de una factura del gas o electricidad más elevada.
Tal vez las armas que el gobierno Español está enviando a Ucrania, en lugar de ceder a los chantajes de Marruecos, debiera destinarlas en reforzar la defensa de la frontera española en Ceuta y Melilla, para evitar bochornosos espectáculos como la entrada de miles de inmigrantes el pasado Mayo de 2021, con el beneplácito del gobierno Marroquí.
Pero claro, proteger las fronteras españoles (y europeas) significaría poner freno a la inmigración masiva, y, recordemos, que la inmigración masiva es una de las armas que utiliza el capitalismo global para llevar a cabo un proceso de destrucción de nuestros derechos sociales, laborales, sustituyéndonos por mano de obra dócil y barata.
El capitalismo global, mediante la anulación de las fronteras nacionales, ha puesto a competir a los trabajadores de Europa con los trabajadores del resto del mundo, cinco veces más numerosos y con salarios medios siete veces más bajos.
Consiguen sus objetivos mediante esta inmigración masiva, la deslocalización y la concentración de las inversiones en el tercer mundo; -las importaciones desde países que producen con dumping social y ecológico, es decir, con salarios de miseria, con condiciones laborales de semi-esclavitud y sin pagar impuestos para la protección del medio natural.
El sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores, son también víctimas de estas fronteras abiertas.
En primer lugar por la falta de precios justos, ya que mientras se les imponen cotas de producción y exigentes medidas sanitarias y de control, se permite la importación masiva de carne o productos agrícolas de otros países que no tienen que cumplir con los requisitos exigidos a ganaderos y agricultores españoles, a esto hay que sumar el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, que provoca que las grandes empresas y multinacionales se lleven la gran parte de las ganancias, y los agricultores queden al límite de la rentabilidad, o incluso a perdidas.
A todo esto hay que sumar el incremento desmesurado de los costes de producción, debido principalmente a la subida de la electricidad, del combustible, del pienso, del abono…etc Y que en la mayoría de los casos no tienen capacidad de trasladar esa subida al precio de sus productos y se ven obligados a vender por debajo de sus costes.
Mediante esta denuncia pública, mostramos nuestro apoyo a este sector, ya que sin ellos, no hay alimentos, ni habrá un medio rural vivo y con futuro.
El Gobierno, en plena crisis como consecuencia del coronavirus, en lugar de facilitar y fomentar la creación de empleo y nuevas empresas, sube las cuotas a los ya maltratados autónomos.
Asimismo, tras presumir de pretender derogar la nefasta reforma laboral de Rajoy, acaban llevando a cabo una especie de reformilla laboral que apenas sirve para mejorar la inestabilidad laboral de los trabajadores.
Para finalizar, resumimos en 10 puntos nuestras reivindicaciones para este día:
- Reclamamos un plan de reindustrialización que facilite la apertura de nueva industria y el establecimiento de medidas para hacer frente a la deslocalización de esas empresas que trasladan la producción a países donde puedan producir con mano de obra semiesclava los productos que posteriormente venderán aquí.
- Defensa de los productos españoles. Exigimos la derogación de los tratados de libre comercio que atentan contra los productores españoles, como es el caso del Tratado firmado con Vietnam. Reclamamos que se impida la entrada de productos provenientes de países que compitan de forma desleal con las factorías españoles y la aplicación de aranceles.
- Nacionalización de las compañías de suministros básicos: No se puede permitir que empresas privadas hagan negocio e incluso manipulen los precios a su antojo de suministros como la electricidad.
- Defensa de los autónomos y del pequeño y mediano comercio frente a la cada vez mayor presión fiscal y la liberalización de días y horarios de apertura, que hace imposible que compitan con las grandes cadenas.
- Vivienda digna y accesible: La vivienda debe ser un derecho y no un privilegio. Se hace necesario una política que facilite el acceso a una vivienda y que luche contra los fondos buitre, que especula con la vivienda para disparar su precio.
- Prioridad nacional: Aplicación inmediata de este principio en el acceso a un empleo o ante las ayudas sociales. En España, los españoles primero.
- Defensa del sector primario español, estableciendo unos precios justos e impidiendo la llegada masiva de productos del tercer mundo que no cumplen con las duras exigencias sanitarias y de calidad exigidas a los agricultores y ganaderos españoles.
- Defensa del sistema público de pensiones, con cuantías dignas y acordes al nivel de vida. Asimismo, reclamamos una mayor inversión en residencias de ancianos, para que los que han contribuido toda su vida con España pasen sus últimos años con dignidad, y evitando la cesión a empresas privadas que en muchas ocasiones recortan calidad para aumentar sus beneficios.
- Fomento de la natalidad. Frente a la sustitución demográfica de la población española por inmigrantes, exigimos que se tomen medidas para facilitar el formar una familia ayudando a compatibilizarlo con la vida laboral. También, es necesario realizar campañas con el objetivo de acabar con las corrientes antinatalistas que nos venden que tener hijos es una carga y que no es ético.
- Y por último, exigimos la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Medidas contra la temporalidad y la precariedad laboral. Cada crisis no puede ser la excusa para mermar las condiciones laborales. Recortemos gastos políticos superfluos, duplicidades en administraciones y el despilfarro de dinero público en subvenciones.
